La Legislatura de Córdoba sancionó la ley de creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que fue impulsada por el gobernador José Manuel de la Sota en el marco del contraataque político del peronista frente a la crisis por la inseguridad que atraviesa la provincia.

La FPA reemplaza a la cuestionada división Drogas Peligrosas de la Policía, pero dependerá del Ministerio Público Fiscal y su director será designado por el gobernador con acuerdo del Poder Legislativo.

Desde el delasotismo aseguran que así se garantizará una mayor independencia de una fuerza que debe enfrentar nada menos que el narcotráfico en Córdoba.

En el recinto, la UCR apoyó el proyecto, calificándolo de “necesario pero insuficiente”, y el Frente Cívico (juecismo) lo rechazó.

La legisladora juecista Fernanda Leiva dijo que la FPA complicará burocráticamente la tarea de la Justicia Federal, por los mecanismos de autorización establecidos por la ley para que los magistrados puedan recurrir a la policía antinarcos. 

Incluso, afirmó que se trata de una venganza de De la Sota a los jueces y fiscales federales que imputaron a ocho funcionarios policiales en la crisis de los narcopolicías, el año pasado, cuando el gobierno de Unión por Córdoba quedó en riesgo.

Por otro lado, la Cámara cordobesa sancionó la ley modificatoria del Código Procesal Penal, para otorgarles a los jueces cordobeses mayores fundamentos para negar las excarcelaciones de prisión.

Esta norma nació como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia que consideró inadecuado el histórico criterio del Tribunal Superior de Justicia provincial, acerca de dictar prisiones preventivas mientras la sentencia no se encuentre firme.

Pese a que la decisión de la Corte se basó en un caso puntual, pronto se desató una lluvia de pedidos de excarcelaciones. Según fuentes tribunalicias, fueron en total 197 solicitudes, de las cuales se concedieron 118 y se negaron 79.

Un legislador oficialista confió que el problema es que por las características del fallo de la Corte las exenciones deben otorgarse en los casos en que el detenido demuestre falta de peligrosidad y que no representa un riesgo procesal. Sin embargo, muchos abogados de delincuentes peligrosos también han hecho sus pedidos y, como les fueron negados, en las cárceles cordobesas se estaría generando un malestar basado en la creencia de que “salen los que tienen plata”.

La reforma al Código Procesal Penal incluye un inciso en ese sentido: “Cuando el estado de libertad del imputado pueda provocar conmoción, perturbar o infundir temor en la persona de la víctima, su entorno familiar, testigos y demás personas vinculadas a los medios de prueba que han de producirse en el proceso”.

Esta ley sí fue apoyada por los legisladores de los principales bloques de la oposición, el juecismo y el radicalismo, probablemente blanqueándose así que el proyecto tuvo origen un reclamo de los jueces provinciales.